Reforma de la ley de contrataciones públicas

REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

La Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, ha sancionado en segunda discusión la reforma de la Ley de Contrataciones Públicas, incorporando un grupo de artículos de gran afectación al sector que otorgan potestad absoluta a los entes contratantes para intervenir en las obras que presenten “incumplimiento”, a juicio del propio contratante, ocupando bienes materiales y maquinarias de las empresas, independientemente de la ubicación geográfica que tengan. A esta fecha la señalada reforma de ley no ha sido promulgada por el Ejecutivo Nacional.

Al respecto, la Cámara Venezolana de la Construcción informa al país lo siguiente:

• Nuestra institución no fue consultada para la elaboración de esta reforma.

• La reforma de la ley otorga el poder de intervención al ente contratante, sin definir procedimientos previos con base en la actuación de tribunales o entes técnicos de arbitraje que establezcan la responsabilidad del o los incumplimientos, de ocupar todos los activos de la empresa, asociación o cooperativa, sin juicio previo, y a la sola discreción del ente contratante, el cual es una de las partes.

• En Venezuela, la ley actual de Contrataciones Públicas y el resto de las leyes vigentes, otorgan la posibilidad a cualquier ente contratante de imponer multas, rescindir contratos unilateralmente y tomar acciones legales que incluyen la ejecución de fianzas de fiel cumplimiento, laborales y de anticipo, en caso de demostrarse el incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa.

• El Estado, y cualquier contratante público nacional, regional o municipal, exige las fianzas mencionadas, emitidas por entidades bancarias o de seguros, precisamente para garantizar el fiel cumplimiento de lo convenido contractualmente. Para la emisión de esas fianzas, las empresas deben otorgar garantías reales a las entidades bancarias o de seguros, es decir, debe comprometer su patrimonio.

• En cualquier contratación, ambas partes, es decir el ente contratante y la empresa, organización, cooperativa, EPS o cualquier asociación privada, suscriben compromisos en cuanto a la ejecución, plazos, calidad, suministro de materiales, financiamientos, pagos y muchos otros aspectos, que deben ser cumplidos POR CONTRATANTES Y CONTRATISTAS.

• En una obra de construcción intervienen muchos factores. Planificación, financiamiento, procura, aspectos laborales y sindicales, seguridad social, ejecución técnica, subcontratos especializados, control de calidad, seguridad industrial, administración, gerencia y muchos otros. Para que una obra tenga óptimo rendimiento, todos estos factores deben funcionar adecuada y simultáneamente, de acuerdo a lo planificado.

• Existen innumerables causales de incumplimiento en un contrato de obras públicas. Dichas causas podrían ser imputables al ente contratante, al contratado, a factores externos o de fuerza mayor

• Los principales insumos de la construcción, el cemento y el acero, son producidos en su gran mayoría por empresas estatizadas o públicas. Es público y notorio, y cifras oficiales lo confirman, que en los últimos meses se han presentado serios inconvenientes en la producción y distribución de estos insumos, por diferentes causas: racionamiento eléctrico, problemas laborales serios y prolongados, disponibilidad de divisas, problemas operativos, de transporte y otros, razones por las cuales existe un importante desabastecimiento en muchas zonas del país, originando especulación y alza importante en los precios.

• Por otra parte, indicadores del sector e investigaciones propias, muestran que desde el año 2009, el promedio de pago de las obligaciones o valuaciones de obra ejecutada por parte de los entes contratantes, con las empresas constructoras, supera los siete meses y medio (7,5 meses) lo cual no está establecido en la gran mayoría de las contrataciones públicas, que no contemplan costos de financiamiento en plazos tan extensos. El artículo 177 del vigente Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, establece un plazo de pago no mayor de ocho (8) días hábiles.

La CÁMARA VENEZOLANA DE LA CONSTRUCCIÓN, con la intención demostrada durante muchos años, de colaborar con los poderes públicos nacionales, regionales y municipales en el desarrollo de la construcción y la generación de empleo y bienestar para los venezolanos, y tomando en cuenta la desaceleración importante que se refleja en las estadísticas oficiales de los 3 últimos trimestres, acuerda:

1. Exhortar al Ejecutivo Nacional, a través de los ministerios competentes en materia técnica, laboral y financiera, a evaluar conjunta y ampliamente los efectos y consecuencias de la aplicación de esta reforma de ley, en aspectos tan importantes como la disminución del desempleo, el costo de las obras, la generación de confianza en constructores nacionales y trasnacionales, la especulación, el efecto en los subcontratistas especializados, los plazos de ejecución, las implicaciones laborales, de seguridad social y muchas otras que pudieran afectar el desarrollo del sector y la ejecución de obras públicas.

2. Hacer un llamado al Ejecutivo Nacional para profundizar en la aplicación de la ley en lo que se refiere a los procesos de selección de empresas y licitaciones

públicas, para garantizar que las obras sean contratadas con empresas y asociaciones de comprobada trayectoria, solvencia y experiencia, de acuerdo siempre a la magnitud de la obra.

3. Solicitar al Ejecutivo Nacional se difiera la promulgación de esta reforma de ley, hasta concluir el análisis que estamos planteando.

4. Pedir al Ejecutivo Nacional se constituya una mesa técnica entre el Estado y la CVC para evaluar en forma conjunta e inmediata la situación de las obras que presentan retrasos, paralizaciones o incumplimientos, de cualquiera de las partes, para diseñar y sugerir soluciones a los diferentes entes contratantes nacionales, regionales o municipales.

5. Hacer un llamado al Ejecutivo Nacional, a los diferentes poderes públicos del Estado y a todos los constructores del país para trabajar mancomunadamente y poner todo el empeño requerido que permita adelantar con la celeridad debida, la ejecución de las obras, lo que implica también el pago oportuno de las valuaciones de obra ejecutada, para así garantizar el mantenimiento y aumento de los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de los cientos de miles de trabajadores que laboran en nuestra industria.

6. La Cámara Venezolana de la Construcción está a disposición del Ejecutivo Nacional y de todo el país para lograr el PACTO NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA SOCIAL, y seguir colaborando activamente en la meta de lograr una mejor calidad de vida para todos los venezolanos.